Las entidades firmantes denunciamos la presunta baja masiva del padrón de personas por parte del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, una vulneración flagrante de derechos fundamentales. Exigimos transparencia sobre este proceso y que el Ayuntamiento se adhiera al Pacto por el Padrón en Cataluña, porque garantizar el empadronamiento es el primer paso para construir un Sant Cugat seguro, cohesionado y saludable para todas las personas.
En el último pleno del mes de julio, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, Jordi Puigneró, anunció que el consistorio ha procedido a dar de baja a más de 4.000 personas del padrón. La declaración se produjo durante el debate sobre el Pacto por el Padrón de Cataluña, una propuesta que el pleno rechazó con los votos de Junts, PP y VOX.
Estos datos se han presentado sin indicar fuentes, contexto o, aún menos, el procedimiento mediante el cual se habría procedido a dar de baja a estas personas. De hecho, las consultas realizadas hasta ahora no confirman si se trata efectivamente de bajas de personas empadronadas en Sant Cugat pero que ya no viven allí, o de cambios de domicilio en los que las personas se han empadronado en el nuevo municipio de residencia pero el Ayuntamiento de Sant Cugat no las había dado de baja de su registro municipal.
El teniente de alcalde, Jordi Puigneró, utiliza expresiones propias del estilo “trumpista”, como “regularizar 4.000 bajas de personas inscritas de manera irregular”, “depurar una situación que no era fruto de una buena gestión” o que aplicarán una política de “tolerancia cero” con comprobaciones aleatorias para disuadir a las vecinas de empadronarse, aplicando así una política deliberada de exclusión social institucionalizada.
Desde La Floresta Contra Fronteres, la Coordinadora Obrim Fronteres y las entidades firmantes queremos expresar nuestra preocupación ante esta situación:
Primero, por el hecho de que se haya podido dar de baja a vecinos y vecinas de Sant Cugat mediante procedimientos más que dudosos y con una falta total de transparencia y de seguridad jurídica. ¿Qué criterios ha seguido el Ayuntamiento para revisar el padrón de qué vecinas? ¿Qué comprobaciones ha hecho para asegurar que viven o no en el municipio?
Segundo, porque la falta de contexto y de fuentes de información sobre estos datos esconde una posible utilización del padrón como estrategia política. Una estrategia que, lejos de promover el bienestar de la ciudadanía, alimenta los discursos de odio y la criminalización de las personas en situación de vulnerabilidad. En lugar de trabajar para que todos los vecinos y vecinas de Sant Cugat tengan una vida digna, con acceso a servicios de salud, escolarización, vivienda, derecho al ocio o a la regularización administrativa, imponer trabas al empadronamiento excluye a personas del registro municipal con el objetivo de expulsar a las más precarizadas del municipio.
Buscarse la vida es dignidad, no un fraude
Ante las declaraciones del teniente de alcalde queremos recordar que para recibir ayudas sociales no basta con estar empadronado/a y, por tanto, vincular el padrón con un supuesto abuso de las ayudas es falso y discriminatorio.
Además, cuando hablamos de padrón, debemos tener en cuenta que las trayectorias vitales de las personas son diversas y complejas, sobre todo las de quienes viven en mayor precariedad. Muchas veces, las personas se instalan y se empadronan en un municipio y, en la búsqueda de trabajo o estabilidad, se trasladan temporalmente a otros lugares donde tienen familia o personas conocidas. Es posible que se empadronen allí si encuentran una situación más estable, o que regresen al lugar de origen. Que una persona se ausente temporalmente no significa que esté cometiendo ningún fraude: significa que se está buscando la vida.
Además, empadronarse en un municipio no exige una residencia fija. La Ley de Bases del Régimen Local establece únicamente que deben inscribirse en el padrón las personas que “vivan habitualmente” en ese municipio, sin requerir exclusividad. Y, en todo caso, se debe estar empadronado/a en aquel donde se resida más tiempo.
También conocemos muchas vecinas de Sant Cugat que pasan temporadas en el extranjero por motivos de estudio, personales o laborales, y no por ello pierden su derecho a estar empadronadas. ¿Con qué criterio se retira este derecho a personas migradas o personas que no disponen de un contrato de alquiler?
Finalmente, conviene recordar que dar de baja del padrón a una persona que está en proceso de regularización tiene graves consecuencias sobre su vida: el acceso a servicios básicos, la interrupción del proceso de obtención del permiso de residencia y trabajo, y el retraso en su camino hacia la autonomía. Pero también tiene consecuencias sobre la ciudad, con una parte de la población invisibilizada, que debe recurrir a los servicios de urgencia y que no puede contribuir regularmente a la economía y la sociedad local por no tener reconocida su ciudadanía.
Por tanto, el único motivo que justifica una baja es que esa persona se haya empadronado en otro lugar o que efectivamente se haya comprobado que ya no reside en Sant Cugat (algo que en ningún momento ha quedado acreditado con las declaraciones del teniente de alcalde).
El padrón es un derecho y una obligación para todas las personas, también para los ayuntamientos
El Pacto por el Padrón es una iniciativa para que los ayuntamientos asuman su compromiso con la legalidad vigente y con los derechos de la ciudadanía. Ha sido impulsado por la Red de Entidades por el Padrón formada por la aFFaC – Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Cataluña, Amnistía Internacional Cataluña, Cáritas Cataluña, CONFAVC – Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña, Coordinadora de ONGs Solidarias de las Comarcas Gerundenses y del Alto Maresme, Coordinadora Obrim Fronteres, ECAS – Entidades Catalanas de Acción Social, Federación de Entidades de Atención y Educación a la infancia y la adolescencia – FEDAIA, Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos – FEPA, Fundación Ficat, Fórum de Síndicos y Síndicas, Defensores y Defensoras Locales de Cataluña, Lafede – justicia global, Observatorio DESC y Plataforma por una atención sanitaria universal en Cataluña – Pasucat. Estas a su vez agrupan a más de 200 entidades de reconocida trayectoria y legitimidad.
Tal y como recoge la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local (artículo 15), todas las personas tienen la obligación de empadronarse en el municipio donde viven y, por tanto, los ayuntamientos deben garantizar y facilitar este trámite a todas las personas que vivan habitualmente en su término municipal, con independencia de su situación administrativa o residencial. Se trata de un trámite que, en la práctica, es necesario para acceder a derechos básicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales, y también para iniciar procesos de regularización y acceder al permiso de residencia y trabajo. No es un mecanismo que otorgue derechos, sino un primer paso para garantizarlos. Por tanto, los ayuntamientos tienen la obligación legal de garantizar este acceso sin discriminaciones ni obstáculos administrativos.
Creemos que Sant Cugat también debe ser una ciudad abierta, cohesionada y de acogida donde los vecinos y vecinas vean respetados sus derechos y obligaciones. Por eso compartimos la demanda de que el Ayuntamiento de Sant Cugat se adhiera al Pacto por el Padrón.
Igualmente, lamentamos la falta de implicación y de respuesta sobre este asunto por parte de algunas de las fuerzas políticas que han firmado este Pacto.
Los vecinos y vecinas queremos recursos y políticas de cohesión
No es la primera vez que el Ayuntamiento promueve políticas racistas y discursos estigmatizadores.
Desde La Floresta Contra Fronteres y la Coordinadora Obrim Fronteres tenemos constancia de que el Ayuntamiento de Sant Cugat ha dejado de empadronar a personas migradas que viven en nuestros barrios o ha impuesto trabas a personas que previamente se encontraban en situación de vivienda insegura. Una decisión que expulsa a nuestras vecinas, les niega sus derechos y las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad, obligándolas a vivir en la marginalidad.
Asimismo, en enero de 2024, el Observatorio Sociológico de Sant Cugat lanzó una encuesta que incluía preguntas con un claro sesgo racista, como: “¿Sant Cugat debería acoger inmigración hasta el máximo de sus posibilidades?”, “¿Las personas migradas reincidentes en delitos deberían volver a su país de origen?”, “¿Poner límites a la llegada de inmigración es una política xenófoba?”, “¿Una elevada inmigración puede poner en riesgo las tradiciones y la lengua de nuestro país?”
Con estas políticas, el Ayuntamiento de Junts sigue implementando un modelo de ciudadanía homogénea que estigmatiza a las personas migradas y precarizadas, y erosiona la cohesión social. Este tipo de políticas son las que crean el clima propicio para episodios violentos como los pogromos en Torre Pacheco y para el auge del fascismo social e institucional.
Por el contrario, en Sant Cugat contamos con experiencias ejemplares de iniciativas ciudadanas que trabajan por la cohesión social. Un ejemplo es la red vecinal La Floresta Contra Fronteres, una red autogestionada que, desde la solidaridad activa y el compromiso comunitario, acompañamos a personas migradas en situación de vulnerabilidad. Lo hacemos mediante una red de acogida en casas del barrio, procesos de mentoría, parejas lingüísticas y un acompañamiento cercano en trámites, formación y acceso al empleo. Además, impulsamos actividades culturales, encuentros vecinales y jornadas solidarias que generan espacios reales de convivencia, confianza y aprendizaje mutuo.
Redes como La Floresta Contra Fronteres son un ejemplo de que la migración y la diversidad fortalecen el tejido social. No queremos ni podemos permitir que todo el trabajo que realizamos con tanto esfuerzo comunitario sea tirado por tierra mediante políticas de restricción de derechos.
Queremos ciudades donde vivamos con seguridad porque los vecinos y vecinas nos cuidamos entre todas, donde todas las criaturas puedan ir a la escuela a aprender y compartir, donde todas las vecinas puedan cuidar de su salud yendo al centro de salud, y donde todas las personas puedan disfrutar de una vida digna.
Las entidades firmantes exigimos:
- Transparencia inmediata sobre los procesos de baja del padrón Pedimos claridad sobre los 4.000 expedientes que el teniente de alcalde afirma haber dado de baja. Saber si se trata de bajas padronales o de cambios de domicilio que el Ayuntamiento no había eliminado de su registro.
En caso de bajas padronales, ¿qué criterios se han establecido para revisar el padrón de los vecinos y vecinas del municipio (quiénes sí y quiénes no)? ¿Qué comprobaciones se han realizado, quién las ha hecho, en qué periodos y qué plazo de respuesta se ha ofrecido?
- A las fuerzas políticas que han firmado el Pacto por el Padrón en el Parlament de Catalunya y en la Generalitat de Catalunya, les pedimos que velen por la correcta aplicación de la normativa sobre padrón, siempre en favor de la ciudadanía, siguiendo los acuerdos asumidos en el texto del Pacto.
- Entender el uso del padrón como una herramienta de cohesión social y no de exclusión o como estrategia política para atraer votos de la extrema derecha. Un municipio donde todas las vecinas pueden empadronarse es un municipio seguro, saludable, democrático y con calidad de vida para todas.
- Garantía de derechos y vivienda digna para jóvenes y personas migradas en situación de vulneración de derechos. Redes vecinales como La Floresta Contra Fronteres llevamos años denunciando que hay jóvenes migrados en situación de calle que sobreviven gracias a la acogida vecinal, ante el abandono del Ayuntamiento. Necesitamos vivienda ya para estos jóvenes que forman parte del barrio.
- Menos cámaras, más vivienda y recursos para poder desarrollar vidas dignas. En los últimos años hemos asistido a una proliferación de cámaras de vigilancia en todo Sant Cugat. Este despliegue tecnológico, a menudo justificado en nombre de la seguridad, contrasta con la falta de recursos y voluntad política para garantizar derechos fundamentales como el padrón, el acceso a la vivienda o a los servicios sociales. No queremos un modelo de ciudad en el que no hay medios para empadronar a vecinas en situación vulnerable ni para ofrecer soluciones habitacionales dignas, pero sí para llenar el municipio de cámaras de vigilancia.
Apoyo a las personas afectadas
Desde la Coordinadora Obrim Fronteres, ofrecemos nuestro apoyo a cualquier persona que haya sido dada de baja del padrón sin saberlo, que haya recibido una notificación sin explicación o que no tenga clara su situación respecto al padrón.
En la web de la Coordinadora se pueden encontrar formularios en varios idiomas a través de los cuales las personas con problemas relacionados con el padrón pueden contactar y recibir asesoramiento. Animamos a toda la ciudadanía que se haya visto afectada por esta supuesta decisión del Ayuntamiento o por otras trabas impuestas por el consistorio de Sant Cugat o de otros municipios a ponerse en contacto para que podamos acompañarlas.
Por último, si detectamos personas que viven en Sant Cugat y que han sido dadas de baja de forma indebida o a quienes se les imponen dificultades injustificadas para empadronarse, pondremos en marcha todas las medidas legales oportunas para garantizar el empadronamiento de los vecinos y vecinas, tal como establece la ley.
Sant Cugat es diversa y esa diversidad es riqueza. Aprovechémosla, démosle espacio, destinemos más recursos a la acogida, el padrón, la educación o la vivienda y creemos entornos más justos, cohesionados y seguros para todas las personas.
Formulario de adhesiones: https://bit.ly/AdhesionsSantCugatPadro
Listado de adhesiones: https://docs.google.com/document/d/1B1uud96FVUuP8rBvDB4qDHMOBrbu79E-GiLLowOlZyY/edit?usp=sharing